El director de la Agencia de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, presentó ayer su memoria del año 2009. Este año se han abierto nuevos frentes en la protección de datos personales: el derecho a desaparecer de Internet y las denuncias relacionadas con las redes sociales.
BORRAR DATOS: La AEPD recibió 57 peticiones de ayuda para conseguir borrar su pasado de noticias y buscadores de Internet. El año anterior, 18. Las 57 solicitudes de tutela de la Agencia significan que esas personas intentaron antes cancelar su aparición sin lograrlo. Así, la Agencia hizo suyas sus reclamaciones: por ejemplo, por la publicación de sanciones administrativas vencidas, indultos, datos de víctimas de violencia doméstica que facilitan su localización, incluso sanciones disciplinarias a funcionarios de prisiones que afectan a su seguridad. Aunque las sanciones y deudas no puedan ser borrados de diarios oficiales como el BOE, sí que pueden ser desindexados por los buscadores para que no aparezcan.
REDES SOCIALES: Con el boom de Facebook y Tuenti, la Agencia recibió 31 denuncias, frente a ninguna del año anterior. En lo que va de año ya llevan otras 12. Las denuncias suelen ir contra usuarios de estas redes y, sobre todo, las interpuestas por docentes por suplantación de su identidad (apertura de perfiles falsos) y por difusión de fotos tomadas en el entorno educativo junto a comentarios injuriosos realizados por los alumnos (tanto de instituto como universitarios); también las de personas cuya imagen (incluida en fotografías en grupo) había sido difundida a través de la Red por un usuario sin su consentimiento.
VIDEOVIGILANCIA: Las denuncias por videovigilancia indebida, es decir, sin el obligado aviso a los transeúntes, se han duplicado desde el año anterior: 721. Están relacionadas sobre todo con cámaras instaladas en comercios (tiendas de alimentación, bazares chinos y cafeterías) y en residencias y garajes particulares por tomar imágenes de la vía pública sin el obligatorio cartel informativo.
MOROSIDAD: En 2009 se dispararon las denuncias de ciudadanos que se vieron incluidos en ficheros de morosos de manera ilegal (783), en la mayor parte de ocasiones por parte de empresas de telecomunicaciones (por impago de cuotas de telefonía, por ejemplo), aunque también de algunos bancos. Según explicó Arte-mi Rallo, verse registrado como moroso en una de esas empresas que reclaman deudas sólo es legal si al deudor se le ha notificado la cesión de sus datos a tal entidad y se le ha advertido previamente. Además, la deuda no debe haber sido reclamada por el usuario o estar en litigio. Algunas denuncias también se plantearon por la vulneración de la privacidad en la reclamación de la deuda, mediante el envío de faxes al puesto de trabajo, o por la notificación a familiares o vecinos.